El IBAHRI condena las continuas violaciones al debido proceso en el juicio contra la Jueza Afiuni en Venezuela

El International Bar Association’s Human Rights Institute (IBAHRI) reitera su preocupación sobre las continuadas violaciones al debido proceso en el juicio a la Jueza Maria Lourdes Afiuni. El pasado 21 de febrero la Jueza Afiuni recibió una citación para una audiencia judicial que tendría lugar al día siguiente.

Tras más de un año de suspensión del juicio, la audiencia se realizó el 22 de febrero, teniendo como antecedente una denuncia penal por denegación de justicia interpuesta por la Jueza Afiuni el día 8 de febrero de 2019, contra el Juez asignado al caso, el Señor Manuel Bognanno. Durante la audiencia del 22 de febrero, el Juez Bognanno, presentó un resumen de audiencias anteriores y negó solicitudes realizadas por la defensa tiempo atrás, fijando otra audiencia para el próximo 15 de marzo.

Anne Ramberg Dr jur hc, Co- Presidenta del Consejo del IBAHRI, ha comentado: ‘El IBAHRI condena la citación intempestiva recibida por la Jueza en violación de su derecho a disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa. La suspensión de su juicio desde el 31 de enero de 2018 recuerda el adagio “la justicia que se retrasa es justicia que se niega.” Al respecto, el IBAHRI destaca a las autoridades venezolanas que el artículo 14.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que todas las personas tienen derecho a ser juzgadas sin dilaciones indebidas. Es inconcebible que la Jueza Afiuni haya sido detenida simplemente por cumplir sus deberes profesionales de acuerdo con las normas internacionales y que el proceso se haya extendido por más siete años, la pena máxima prevista para los delitos que se le atribuyen.’

En diciembre de 2009, la Jueza Afiuni fue detenida sin orden judicial, horas después de su orden de libertad condicional al señor Eligio Cedeño. En ese momento el señor Cedeño llevaba casi tres años en prisión preventiva, en contravención del Código Procesal Penal Venezolano, que especifica un término máximo de dos años. La Jueza Afiuni fue detenida por aplicar las normas procesales venezolanas y respetar una decisión del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas que concluyó que el Sr. Cedeño había sido detenido arbitrariamente.

El juicio contra la Jueza Afiuni comenzó en noviembre de 2012. Sin embargo, se anuló después que la fiscalía no se presentara a varias audiencias. En junio de 2013, la Jueza Afiuni fue puesta en libertad condicional. Se le exigió que se presentara ante las autoridades cada 15 días y se le prohibió salir del país, hablar con los medios de comunicación y utilizar las redes sociales. Un segundo juicio comenzó en abril de 2015.

En abril de 2014, el IBAHRI publicó el informe en español La Ejecución de la Justicia: El Juicio Penal de la Jueza María Lourdes Afiuni que detalla una serie de irregularidades en el juicio y afirma que el sistema de justicia venezolano no contiene salvaguardias adecuadas para garantizar la independencia judicial, siendo el juicio a la Jueza Afiuni representativo del contexto general. También se publicó un resumen ejecutivo del informe en inglés.

En diciembre de 2018 el IBAHRI dirigió una carta abierta al Presidente de Venezuela, Señor Nicolás Maduro, denunciando la larga duración del proceso. El IBAHRI además destacó su preocupación por las violaciones al debido proceso y las interferencias indebidas en la independencia de los operadores de justicia, que el mismo ha verificado mediante el monitoreo continuo del procedimiento penal.

El Co-Presidente del Consejo del IBAHRI, el Hon Michael Kirby AC CMG, expresó que ‘Venezuela solía ser una sociedad próspera, dinámica y respetuosa del Estado de Derecho que protegía los derechos humanos universales. Era admirada en las altas esferas de decisión internacional, y sus ciudadanos llegaron a ser jueces de la Corte Internacional de Justicia. Su gente estaba orgullosa de sus vínculos históricos con Simón Bolívar, libertador de América Latina. Resulta una tragedia observar el deterioro de la economía y el marco legal venezolano. El restablecimiento de las posibilidades económicas del país debe necesariamente acompañarse por el fortalecimiento de las instituciones legales: las garantías de una judicatura independiente, una abogacía activa y el respeto de los derechos universales. La IBA está comprometida a contribuir a este proceso que lleva tanto tiempo pendiente.’

FIN

Notas al editor

1. Para más información sobre el trabajo de IBAHRI en Venezuela, visite:
   www.ibanet.org/Human_Rights_Institute/Work_by_regions/Americas/Venezuela
2. La International Bar Association (Asociación Internacional de Abogados o IBA) – la voz de la profesión legal– es la principal organización de profesionales legales, colegios y asociaciones de abogados y abogadas internacionales. Establecida en 1947, poco después de la creación de las Naciones Unidas, nació de la convicción que una organización mundial de colegios de abogados contribuiría a la estabilidad global y a la paz a través de la administración de la justicia.
   
   Más de 70 años desde su creación, la organización ha evolucionado de una organización compuesta principalmente por colegios y asociaciones internacionales de abogados y abogadas a una organización que incorpora miembros individuales y estudios legales. Actualmente cuenta con más de 80.000 miembros individuales de las firmas mundiales más reconocidas y con 190 colegios y asociaciones de abogados y abogadas en más de 170 países.
   
   La IBA tiene experiencia consolidada en proporcionar asistencia a la comunidad legal mundial. A través de su membresía, la IBA influye en la formulación de la reforma del derecho internacional y da forma al futuro de la profesión jurídica en todo el mundo.
   
   La oficina administrativa de la IBA se encuentra en Londres, Reino Unido. Las oficinas regionales se encuentran en: San Pablo, Brasil; Seúl, Corea del Sur y Washington, DC, Estados Unidos, mientras que el programa International Criminal Court and International Criminal Law Programme e (ICC y ICL) [programa de la Corte Penal Internacional y del Derecho Penal Internacional] de la International Bar Association es manejado desde una oficina en La Haya, Holanda.
   
   El International Bar Association’s Human Rights Institute (IBAHRI), una entidad autónoma y financieramente independiente, trabaja para promover, proteger y hacer cumplir los derechos humanos bajo un estado de derecho justo, y para preservar la independencia del poder judicial y de la abogacía en todo el mundo.

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